Por:
Tatiana Pineda
Suan Sánchez
Tras la Lente
Omar Pacheco
Escuela de Medios sin comillas 2021
Frente a la tienda El Mirador, nombre que hace gala de la gran vista que hay, desde ese punto en Tocaimita, se logra contemplar la inmensidad de Bogotá por un lado; pero a sus espaldas, se observa la ausencia de las instituciones bogotanas y la injusticia espacial que le ha sido asignada a las y los habitantes de este barrio en la localidad de Usme. Si hubiese una foto de 360 grados, se vería una bella vista en los primeros 180, y el olvido en los 180 grados restantes.
El proceso acelerado de la urbanización Bogotá se comenzó a dar después de mediados del siglo XX, por dos causas, reseñadas por Alfonso Torres en su libro Ciudad en la sombra y en la investigación de Lina Zuluaga y Adolfo Grisales La (in)justicia espacial y la producción social de los asentamientos informales en Colombia. De un lado, el impulso por parte del Estado en la industrialización de las ciudades buscando el desarrollo económico en detrimento de las políticas agrarias. Por otro lado, por el fenómeno del desplazamiento del campesinado a causa del recrudecimiento de la violencia, el desalojo y la acumulación de tierra durante la época de La Violencia.
Un fenómeno violento que engrosó el poblamiento de las zonas periféricas de Bogotá fue el desplazamiento forzado. De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Global del Desplazamiento Interno, hasta diciembre del 2020 en Colombia había aproximadamente 4.9 millones de personas desplazadas internamente como consecuencia del conflicto armado.
Según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, señala que Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos, en total 8.3 millones de personas han sido reportadas, cifra recopilada desde 1985 por Registro Único de Víctimas. Bogotá, junto con otras ciudades, es receptora de las familias y personas que son obligadas a dejar su tierra.
De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Una nación desplazada, indica que el desplazamiento se presenta por dos razones: una afirma que los casi seis millones y medio [en 2015] de colombianos que han sido desplazados forzosamente de sus lugares de origen lo han sido por causa del conflicto armado, obligados a huir de sus tierras en medio del fuego cruzado, las amenazas y las retaliaciones de los actores armados; y la segunda, el conflicto armado ha sido usado como instrumento de despojo y desalojo de territorios codiciados por muy variados actores.
A pesar de que Usme no está entre las cinco localidades en las que residen las víctimas del conflicto armado en Bogotá, que al 2018 albergaba 4,1% de las 8,6 millones de víctimas, según la Alta Consejería para el derecho de las Víctimas; en Tocaimita, se encuentran historias sobre personas que han sufrido este fenómeno.
Una de esas historias es la de Avelino Capaz, es indígena de la comunidad Nasa, es un tanto tímido, pero de gran liderazgo. Nació en Planadas, Tolima. Su madre era lideresa en su pueblo, lo que lo motivó para forjarse en la lucha por la comunidad. Llegó hace 10 años aproximadamente a Tocaimita, no quisó combatir en un grupo armado que lo iba a reclutar, motivo por el cual en el 2007 salió de Planadas.
Tocaimita es un barrio habitado principalmente por víctimas del conflicto armado. Avelino hace parte de la diversidad étnica que hay en el barrio, en este han identificado personas que se reconocen como pijaos y nasa, y también de otras zonas, mayoritariamente comunidades afrodescendientes de diferentes partes del país, muchas desplazadas de sus territorios de origen.
El cambio de ruralidad a ciudad genera una transformación en la espacialidad para las personas, además de una ruptura sociocultural de su manera en cómo nombran su realidad y su conexión con el territorio.
El espacio urbano, bajo la lógica de estratificación y valor del uso del suelo, planifica una ciudad que responde a quien pueda acceder con sus recursos al espacio urbano y la vivienda; y los que no, se ven obligados a trasladarse a zonas periféricas, en palabras de la investigadora Lina Zuluaga y el investigador Adolfo Grisales, una injusticia espacial.
En la investigación realizada por Zuluaga y Grisales, La (in)justicia espacial y la producción social de los asentamientos informales en Colombia, definen injusticia espacial como una situación de desigualdad, opresión y dominación que sufren ciertos grupos y que se deriva de los privilegios que la planificación urbana concede a unos miembros de la sociedad en detrimento de otros.
En Bogotá estas injusticias se ven representadas desde la asignación de espacios marginales para las viviendas de las clases menos favorecidas, hasta la construcción de obras de infraestructura que no apaciguan los problemas de pobreza, desigualdad, segregación y exclusión de los asentamientos informales, los que se crean y vuelven a crear continuamente como consecuencia de la organización social.
Tocaimita, como muchos otros barrios, tiene el calificativo de asentamiento informal. Otros nombres dados por la literatura académica son: de barrio informal, subnormal, de invasión, ilegales, marginales o tugurios, entre otras maneras de nombrarlos.
Para la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC por sus siglas en inglés), red mundial de derechos relacionados con el hábitat y la vivienda, que lucha por la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, no debería ser asentamiento informal la manera de referirse a estos barrios, puesto que genera la invisibilidad y la estigmatización [hacia] las y los ciudadanos que viven allí.
El HIC considera que estos barrios al ser definidos como marginales e irregulares, en muchos casos [sus habitantes] son considerados casi automáticamente ilegales, y sufren a menudo criminalización, desplazamiento y persecución (...) que va de la mano con la pobreza, la exclusión y la discriminación, que así se perpetúan a sí mismas. La exclusión social a menudo significa segregación espacial, y viceversa.
Explican en documentos académicos y gubernamentales, la etiqueta de asentamiento informal se aplica típicamente a estas áreas. La razón principal para designarlas como informales es que no cumplen con las normas de construcción, los códigos de propiedad y/o la normativa urbanística.
Finalizan con: es por todo ello que en lugar de asentamientos informales preferimos entenderlos y describirlos como prácticas y luchas sociales que no sólo construyen casas y barrios como elementos físicos sino también, y quizás aún más importante, construyen una ciudadanía activa y responsable, luchan contra la marginación y la segregación social y urbana, ejercen la democracia directa y mejoran los medios de vida individuales y comunitarios. En pocas palabras: la ciudad es producida por la gente, que cambia el entorno a la vez que nos cambia como personas.
En este barrio vive María Helena Herrera, una lideresa de origen pijao que desde hace tres años se desempeña como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Nació en Valparaíso, Caquetá, y como algunos de sus vecinos/as, fue desplazada tres veces, uno en 1999 y dos en el 2015 a razón, según su testimonio, de su trabajo como cabildante en Caquetá.
María llega a Bogotá el 12 de diciembre de 2012, (...) con mis hijos, mi hermana y una caja de cartón. En Fontibón alquilamos una pieza y ahí vivimos dos meses, menciona. Como es auxiliar de enfermería, ella cuenta: consigo trabajo en un consultorio particular y me voy a vivir a Soacha. Sin embargo, con la dificultad de cubrir todos los gastos de vida y con algunas personas conocidas que habían llegado de Caquetá, Helena conoce Tocaimita y decide irse con lo siguiente: y me voy a vivir a una casa de suelo de tierra, paredes de madera y lata.
Cuando Isidro, un hombre de manos recias que trabaja en la construcción, nacido en Villa de Leyva, Boyacá, llegó a Tocaimita en 1993, él menciona: el barrio era de herradura, esto no había casa, no había nada. Según cuenta, lo que hoy es Tocaimita antes se llamaba como el barrio colindante, Sierra Morena. Era una finca amplía, propiedad de un sargento y su esposa, Rubiela, cuando su esposo murió ella nos vendió aquí, porque inclusive esto tiene escritura y tenemos de todo, estamos pagando impuestos, de aquí para arriba si no porque ya es otro cuento, menciona Isidro.
En este asentamiento de Usme hay una particularidad, hay algunas casas que cuentan con servicios públicos como electricidad y agua, una que otra placa domiciliaria, y por testimonio de algunas vecinas, y del mismo Isidro, en Tocaimita algunos pagan impuestos.
La comunidad nos dijo que la problemática que les había colocado la secretaría de Hábitat en el pasado era que la zona en la que está ubicada Tocaimita era territorio de parque. Ricardo Vargas, abogado.
Ricardo Vargas, es abogado de la Universidad del Cauca y hace parte de la Unidad Técnica Legislativa del Representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño del Partido Comunes. Desde noviembre de 2021 viene acompañando jurídicamente la legalización del barrio. Él encontró que hay unas zonas legalizadas, es extraño que unas casas sí estén legalizadas por el mismo sector y otras no. Esto ha sido una dificultad porque las respuestas han sido que eso ya está legalizado, pero en realidad no, son solamente algunas casas, explica Vargas.
Además de no contar con servicios públicos, calles pavimentadas (hay varías placa-huellas que la comunidad de manera autogestionada ha construido), servicio de transporte o el servicio de recolección de residuos sólidos, se suman a las condiciones que han impedido la legalización del barrio. Hay tres factores problemáticos que presenta Tocaimita a la vez:
Esto ha sido complicado porque uno se mete a legalizar por un lado y le responden por el otro. La secretaría de Hábitat le tira la pelota al IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático), y viceversa, entonces se pide legalización por un lado y dicen que es zona de riesgo, por el otro y responden que Tocaimita está en zona de parques, y si no, que esa zona ya no es de expansión, explica el abogado Vargas.
En la revisión que se hizo del papeleo y el recorrido histórico de la legalización del barrio, que lleva casi 30 años, Ricardo encontró en los mapas del IDIGER que Tocaimita sí está en una zona de expansión, por lo que sí es posible que se dé la legalización. Con lo que encontramos en los mapas, lo que te podría decir es que el parque Entre Nubes limita con Tocaimita, pero no hace parte de donde está el asentamiento. El asentamiento no está dentro del parque, menciona el abogado Vargas.
Agrega Ricardo, lo que nosotrxs estamos peleando es que esa zona es un espacio de expansión, lo que garantiza que ese lugar es habitable y que por ende se hace urgente la legalización para que los servicios públicos lleguen a la comunidad, porque la principal problemática no es solamente el tema de la tierra; para mi, la principal problemática son los recursos públicos.
La comunidad junto a María Helena Herrera y Avelino Capaz ya habían adelantado una petición mediante un derecho de petición enviado a la secretaría de Hábitat, pero no hubo una respuesta contundente. Vargas hizo el requerimiento mediante otro derecho de petición, la secretaría de Hábitat nos contestó que la entidad sí nos iba a dar la respuesta, pero que les diéramos otro mes de plazo para que ellos siguieran recopilando la información, dice Ricardo.
Sin embargo, la secretaría de Hábitat no se pronunció en el tiempo que solicitó, por lo que Ricardo Vargas va a radicar una acción de tutela para exigir a la entidad una respuesta contundente a los requerimientos de la gente.
Ricardo cuenta que lo que más le preocupa y que también encontró dentro de los mapas es que hay zonas de riesgo en donde ya está el asentamiento, eso es preocupante porque va a ser muy difícil que se consolide la legalización en una zona de riesgo.
En todo caso es optimista frente a la legalización de que ellos ya tienen el derecho de la posesión, son comunidades que llevan más de 10 años en el sector por lo tanto el derecho a la prescripción de la tierra ya la tienen.
En conjunto con María Helena también estamos trabajando una fundación de víctimas, esa ya prácticamente la tenemos consolidada, ya la vamos a registrar, y esperamos a través de esta fundación presionar a la Alcaldía.
Lo que ha generado indignación con las personas que habitan Tocaimita es la absoluta falta de voluntad política por parte de las instituciones y la Alcaldía de Bogotá. los habitantes de Tocaimita no conocen a un solo funcionario de la secretaría de Hábitat que pueda referir para solucionar el problema, cosa extremadamente preocupante porque es la secretaría la que debería estar apalancando el proceso y nosotros no tener que estar rogando para que nos ayuden, dice Avelino.
Se podría decir que Tocaimita es un barrio prácticamente aislado de Bogotá, acá pasa de todo y la Alcaldía de Bogotá no hace nada, cuenta Avelino Capaz.
Ni informales ni irregulares; estos son, antes que nada y sobre todo, asentamientos humanos. O incluso mejor, son los barrios y las ciudades producidas por la gente —por mujeres, hombres, de todas las condiciones, edades y opciones, que reclaman sus derechos a vivir, construir y transformar la ciudad y los territorios que habitan. Coalición Internacional para el Hábitat.
Es necesario incluir a las personas que viven en los barrios hechos por la gente que por diferentes motivos viven allí; incluir a las víctimas de desplazamiento forzado en la construcción de ciudad, en la formulación de las políticas públicas y en la definición de los presupuestos para su implementación, como lo aconseja el informe Una nación desplazada del CNMH.
Además de la inclusión de la incorporación de las personas para que puedan ejercer sus derechos políticos, se hace fundamental valorar de otras maneras los barrios periféricos, para que los calificativos como ilegales o informales no generen más prejuicios y se dejen de producir la connotación negativa en sus habitantes que se ha generado, y los ha relegado, etiquetados, estereotipados, silenciados e invisibilizados; lo que indefectiblemente limita la posibilidad de que tomen parte en las decisiones sobre el destino de la ciudad.
Hoy, a casi un año del traslado del ETCR Mariana Páez al municipio de Acacías, Meta, son alrededor de 250 personas las que le apuestan a la construcción de paz. Solidaridad y resiliencia son las palabras con las que la comunidad define su unión.
A través de una serie de talleres, este grupo de jóvenes se propusieron construir desde cero las estrategias de comunicación de cada una de sus iniciativas y colectivas poniendo en el centro la defensa de los derechos humanos en sus territorios.
Una de estas personas es Mayra Luisa Zabala, mujer venezolana originaria del Estado de Trujillo, municipio de Sabana de Mendoza, tiene 28 años y llegó a Colombia hace cinco años, exactamente en el 2017. Mayra salió de su país debido a la crítica situación socioeconómica, la dificultad de conseguir trabajo y de tener acceso a mejores condiciones de vida para ella y sus dos hijos.
